Reckitt Benckiser: especulación consentida
Una recalificación de terrenos sin amarrar
La pregunta es obvia: ¿Por qué los partidos del Ayuntamiento de Güeñes (PNV, PSE, EA y PP) aprobaron un convenio que ha regalado más de 5 millones de euros a una empresa sin obtener nada a cambio?
Con el precedente que ya existía de que la Diputación hubiera denegado la ampliación de las instalaciones industriales en 2002, el riesgo de que la empresa se marchara parecía obvio. Entonces, ¿qué sentido tenía recalificar los terrenos de modo que la propietaria de los mismos pudiera obtener una suculenta plusvalía con la que financiar su huida a otros lares?
Es increíble que a nadie se le ocurriera una de las dos soluciones posibles: recalificar el terreno con la obligación de construir un número importante de viviendas de protección oficial reduciendo así la rentabilidad que se podría obtener; o incluir en el convenio con la empresa el compromiso de que ésta permaneciera durante un cierto número de años en Güeñes manteniendo los puestos de trabajo.
Una posible explicación
Mucho nos tememos que en esta operación están implicados, no sólo el Ayuntamiento, sino también la Diputación. Porque no es casualidad que el convenio contemple que la mitad de las viviendas que se podrán construir en ese ámbito sean viviendas tasadas y que el suelo donde construirlas sea el que la empresa propietaria entregue al Ayuntamiento en contrapartida por el 10% de aprovechamiento que legalmente tienen que ceder los propietarios privados a la institución municipal.
Y mucho nos tememos también que ha sido la irresponsabilidad del equipo de gobierno municipal y del Departamento de Administraciones Públicas de la Diputación (con su elitista plan foral de vivienda) la que ha provocado el desastre. Empeñados en conseguir suelo para sus viviendas tasadas, más caras que las VPO (por cierto, en la normativa del acuerdo publicada en el Boletín Oficial del Territorio de Bizkaia no aparece siquiera el precio máximo al que se podrán vender estas viviendas), no han tenido ningún reparo en otorgar una plusvalía importante a Reckitt sin controlar el uso que de esa plusvalía iba a hacer la empresa. No han tenido ningún reparo en dilapidar una oportunidad única de promover viviendas de protección oficial, de precio asequible, en lugar de centrarse en una tipología de viviendas que la mayor parte de los 130 demandantes de Güeñes inscritos en Etxebide no puede adquirir.
La ley del suelo
Y tampoco parece casualidad que la operación quede absolutamente cerrada tan sólo un mes antes de la entrada en vigor de la nueva ley del suelo. Con 6.200 habitantes Güeñes es uno de los municipios que con la entrada en vigor de la ley tendrán que aplicar las reservas para vivienda protegida que hasta ahora no aplicaban. Y parece que algunos se han dado prisa para que al menos en esta operación de Reckitt no se apliquen los nuevos estándares.
Además, la ley del suelo establece una separación mucho más estricta entre suelo urbano y suelo urbanizable, lo que en el caso de la recalificación de Reckitt puede tener su importancia.
Por fin, la ley del suelo obliga a publicar los convenios como el que firmó el Ayuntamiento con Reckitt en mayo de 2005, de modo que todo el mundo puede saber en qué condiciones se hizo y no suceda como en la actualidad, en que ese tipo de informaciones permanecen ocultas a la ciudadanía.
De hecho, si la calificación hubiera sido de suelo urbanizable -cosa más que probable con la nueva ley- y aplicando las reservas para vivienda protegida, de las 248 viviendas previstas, 136 deberían haber sido VPO de las de toda la vida, con un precio máximo (para 80 metros útiles) de unos 118.000 euros. Además, otras 50 viviendas deberían haber sido viviendas tasadas, con un precio máximo de 200.000 euros. Y sólo el resto, 64 viviendas, habrían sido de precio libre. Pudiéndolo hacer así, ¿por qué han renunciado el Ayuntamiento y la Diputación a hacer una operación más social y han regalado dinero a la empresa?
Posibles soluciones
El hecho de que Reckitt haya vendido el suelo en pública subasta a un tercero complica una vuelta atrás de la recalificación, ya que en lugar de presionar sobre la empresa se presionaría sobre ese tercero sin ningún motivo.
Pero lo que sí puede hacer el Ayuntamiento es, ya que va a recibir el suelo para las viviendas tasadas gratis, calificar dichas viviendas como VPO, con el precio y las características de las VPO. Si a la Diputación no le gusta hacer VPO, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco se podría hacer cargo de la promoción. Pero que, al menos, una parte de la ciudadanía salga ganando de esta historia. Porque hasta la fecha les toca perder a todos, especialmente a los trabajadores de Reckitt.
Publicado en Enkarterrigorria a las 12:30
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